Indocumentados: en tierra de nadie y competencia de todos

Unos 250 inmigrantes malviven en asentamientos; llegaron a ser 2.000 · Huelva sólo se lleva el 2,4% del Fondo de Integración para Andalucía, aunque suma el 5,9% de la población extranjera regional

Más de 2.000 inmigrantes han llegado a levantar en la provincia de Huelva campamentos en torno a las poblaciones eminentemente agrícolas durante el inicio de la campaña de la fresa y los cítricos, allá por los meses de febrero y marzo. A día de hoy, cinco meses después y una vez acabada la campaña, continúan malviviendo en ellos alrededor de 250 personas, la mayoría indocumentados sin salida, dependientes de las ONG para recibir ayuda humanitaria con la que llenar el estómago y padeciendo situaciones de hambruna como la denunciada recientemente por Cáritas Huelva en uno de los asentamientos de Lepe.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, máxima autoridad competente en materia de inmigración en Andalucía, manifestaba que corresponde a las asociaciones sin ánimo de lucro la atención a estas personas indocumentadas, sin trabajo, din dinero, sin papeles, en tierra de nadie. Pero, ¿de quiénes son realmente responsabilidad los extranjeros indocumentados? El presidente de la Comisión de Inmigración de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, lo tiene claro: "Las ONG dan la asistencia humanitaria (alimento, agua, viajes, etcétera) con fondos que proceden del Estado y la Junta de Andalucía, y los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos les prestan asistencia social". Es competencia -continuó- de los ayuntamientos evitar "que se produzcan los asentamientos, pero si ya se han producido, es la Guardia Civil la que debe proceder a desalojarlos, aunque esto no es una solución".

No es complicado perderse en una amalgama transversal de competencias en la que la mayoría se sacude las pulgas, aunque todos tengan su pedazo en la tarta de la responsabilidad. El Ministerio de Trabajo e Inmigración asegura por su parte que son las administraciones locales y las ONG las que deben velar por el bienestar de los inmigrantes indocumentados, a la vez que corresponde al Ministerio de Interior el control de estas personas, que se encuentran en territorio español de forma ilegal. Para ello, ha invertido este año 22.364.252 euros en la región andaluza a través del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo, un remanente que la Junta de Andalucía ha repartido entre las ocho provincias, destinando a la onubense 540.000 euros, el 2,41% del montante total para un territorio que aglutina el 5,95% de la población inmigrante empadronada en la comunidad autónoma. De este fondo, no obstante, sólo se benefician los que rezan en el padrón, estén en situación legal o no. El resto no recibe la ayuda, algo que denunció Cáritas Huelva, "ya que no se puede hacer diferencia entre documentados o no, para nosotros son personas". Muchos de ellos, según la ONG diocesana, son derivados por el Gobierno central a la provincia desde Canarias, después de realizar una agotadora travesía en cayuco por el Atlántico, aunque en este caso "sí recibimos 115.000 euros de distintas administraciones".

Las prestaciones para ayuntamientos y ONG se reparten desde la Junta de Andalucía, que aprobó en 2008 la inversión este año de 6.312.000 euros en materia de inmigración en Huelva (Educación, Salud, Igualdad, Empleo, Vivienda y Gobernación). Concretamente, para proyectos e infraestructuras de las ONG de la provincia que trabajan con extranjeros se han destinado 1,5 millones de euros, mientras que este año se transferirán directamente a los ayuntamientos con alta población inmigrante (Almonte, Cartaya, Lepe, Moguer, Isla Cristina, Lucena del Puerto, San Bartolomé de la Torre, Palos de la Frontera, Moguer, Rociana, Gibraleón, Bollullos y Villablanca) casi 1,5 millones de euros con la creación del Fondo Autonómico de Inmigración. Además, Igualdad ha concedido 317.000 euros a la Diputación de Huelva para el refuerzo de los servicios sociales de los municipios mayor presión migratoria del territorio onubense.

Fuente: Huelva Información (5 de Julio, 2009)