La Comisión Onubense de Municipios con Inmigración (COMI) se ha reunido en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) para hacer balance de la campaña agrícola 2008-2009 y comenzar a preparar la próxima, así como trabajar para consensuar un plan estratégico que evite los asentamientos ilegales.
Según apuntó el Ayuntamiento de Cartaya en una nota, entre las medidas a adoptar destacó el diseño de este plan, que contemple medidas que permitan atajar el problema, aspecto en el que destacó la participación y aportaciones de los ayuntamientos de Moguer, Villablanca y Cartaya.
Además asistieron representantes de localidades como Lepe, Palos de la Frontera, Almonte, Isla Cristina, Aljaraque y Rociana, además de responsables de la Diputación Provincial de Huelva, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Mancomunidad de Municipios Beturia.
Así, acordaron que este plan debe contemplar una campaña de sensibilización en toda España para divulgar que a "Huelva hay que venir con papeles y pre contratado, si se quiere disponer de alojamiento y trabajo".
Además, pretenden dejar claro que "los pre contratos y contactos con los agricultores tienen que empezar a hacerse en septiembre, y no a última hora, dejando claro que en Huelva los empresarios programan perfectamente la campaña, siempre con trabajadores autorizados y siguiendo un método de actuación, dando preferencia a los locales o desplazados de otras provincias y, para completar las plantillas, se conciertan las contrataciones en origen".
Esta campaña de divulgación se realizará por todo el territorio nacional, a través de sindicatos, patronales y ONGs, con el apoyo de las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que en el plan, según subrayó el presidente de la COMI, Juan Antonio Millán, "debe contemplarse el dialogo con patronales, sindicatos y ONGs para explicarles las medidas a adoptar por los ayuntamientos y solicitarles apoyo en aquellas que sean más convenientes".
Asimismo, los ayuntamientos recabarán el apoyo de la Subdelegación del Gobierno "en cuanto a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, y, por otro lado, la Junta de Andalucía ayudarán en materia de asistencia social, aunque serán los ayuntamientos los encargados de evitar que se inicien los asentamientos, que se deben vigilar desde el primer momento, evitando su inicio".
Según apuntó el Ayuntamiento de Cartaya en una nota, entre las medidas a adoptar destacó el diseño de este plan, que contemple medidas que permitan atajar el problema, aspecto en el que destacó la participación y aportaciones de los ayuntamientos de Moguer, Villablanca y Cartaya.
Además asistieron representantes de localidades como Lepe, Palos de la Frontera, Almonte, Isla Cristina, Aljaraque y Rociana, además de responsables de la Diputación Provincial de Huelva, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Mancomunidad de Municipios Beturia.
Así, acordaron que este plan debe contemplar una campaña de sensibilización en toda España para divulgar que a "Huelva hay que venir con papeles y pre contratado, si se quiere disponer de alojamiento y trabajo".
Además, pretenden dejar claro que "los pre contratos y contactos con los agricultores tienen que empezar a hacerse en septiembre, y no a última hora, dejando claro que en Huelva los empresarios programan perfectamente la campaña, siempre con trabajadores autorizados y siguiendo un método de actuación, dando preferencia a los locales o desplazados de otras provincias y, para completar las plantillas, se conciertan las contrataciones en origen".
Esta campaña de divulgación se realizará por todo el territorio nacional, a través de sindicatos, patronales y ONGs, con el apoyo de las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que en el plan, según subrayó el presidente de la COMI, Juan Antonio Millán, "debe contemplarse el dialogo con patronales, sindicatos y ONGs para explicarles las medidas a adoptar por los ayuntamientos y solicitarles apoyo en aquellas que sean más convenientes".
Asimismo, los ayuntamientos recabarán el apoyo de la Subdelegación del Gobierno "en cuanto a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, y, por otro lado, la Junta de Andalucía ayudarán en materia de asistencia social, aunque serán los ayuntamientos los encargados de evitar que se inicien los asentamientos, que se deben vigilar desde el primer momento, evitando su inicio".
EVITAR EL INICIO DE LOS CAMPAMENTOS
Para ello, el Ayuntamiento deberá disponer de la autorización del propietario del terreno en cuestión, ya sea público o privado, para proceder al desalojo de cualquier persona que quiera alojarse, a la que los servicios sociales y de intervención deben posteriormente canalizar, según disponga o no de papeles y autorización para trabajar.
En esta labor, según señaló el también primer edil cartayero, "es fundamental la colaboración de las ONGs, con las que tendremos que reunirnos para programar una serie de intervenciones".
Se trata, en suma, de "diseñar protocolos de intervención que nos permitan evitar los asentamientos y atajar el problema humanitario que desencadenan", aspecto en el que hubo consenso general y todos los asistentes se comprometieron a celebrar una nueva reunión el próximo día 10 de julio para abordar la cuestión con más detalle.
Finalmente, los responsables municipales destacaron la necesidad de "actualizar y reforzar la colaboración entre las distintas administraciones en el protocolo para levantamiento de asentamientos, dejando claro que a esta última medida no se debe llegar".
En otro orden de cosas, el presidente de la Comisión Onubense de Municipios con Inmigración, Juan Antonio Millán, también en su calidad de vicepresidente de la comisión de integración y cohesión social de la FEMP, informó a todos los ayuntamientos de las reuniones que se han venido celebrando en las últimas semanas en relación a la gestión de la mano de obra para la campaña agrícola de la fresa, los cítricos y otras variedades hortofrutícolas.
Así, se analizó lo acordado en la Comisión de Ordenación de los Flujos Migratorios, así como la valoración positiva que había hecho de la campaña, "ya que a pesar de las circunstancias coyunturales se concluyó que no había habido incidencias destacadas en la contratación de mano de obra".
En este sentido, destacó la mayor contratación de trabajadores locales y el hecho de que hayan venido menos contratados en origen, ya que, en el caso concreto de Marruecos, de 17.000 contratos previstos han venido 10.400.
Fuente: Europa Press (6 de Julio, 2009)
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