El juicio contra el ex-alcalde andalucista de Rociana del Condado (Huelva), José Francisco Gómez, y contra los nueve denunciados por la manifestación que se realizó el 2 de julio de 2006, en la que unos 2.000 vecinos cortaron la autovía A-49 a la altura de la localidad para reivindicar un servicio de Urgencias las 24 horas, provocando 15 kilómetros de retenciones, se celebrará hoy a las 09,30 horas.
En el juicio, al que asistirá la secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González, y que se celebrará en la Audiencia Provincial de Huelva, se juzgará a los imputados a los que se les atribuye delitos de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, los cuales "se podrían saldar con 22 meses de prisión y 900 euros de multa", según explicó el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rociana, Wenceslao Muñoz (PA).
El pasado 21 de noviembre, unas 800 personas se dieron cita en la plaza de la Coronación de la localidad, para mostrar su apoyo a estos imputados, lo que sirve, según indicó Muñoz, "para demostrar cómo sucedieron los acontecimientos y el respaldo del pueblo". En este sentido, el teniente de alcalde apuntó que les pedirán a estos vecinos "que acudan mañana a apoyar al juzgado".
En el acto participaron además "compañeros de otros grupos políticos, como el responsable provincial de Política Institucional de IULV-CA, Francisco Javier Camacho, el diputado del PP, Francisco Riquel, o el propio secretario provincial del PA, Francisco Ramos, así como se leyó un comunicado para mostrar la repulsa al juicio".
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Huelva advirtió en su día de que abriría expedientes sancionadores a las personas que fueron denunciadas por la Guardia Civil con motivo de la concentración, ya que "la participación en una manifestación ilegal implica consecuencias jurídicas y administrativas" y añadió que, además, "estaba prohibido cortar la autopista el domingo", en plena operación salida de vacaciones.
En el juicio, al que asistirá la secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González, y que se celebrará en la Audiencia Provincial de Huelva, se juzgará a los imputados a los que se les atribuye delitos de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, los cuales "se podrían saldar con 22 meses de prisión y 900 euros de multa", según explicó el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rociana, Wenceslao Muñoz (PA).
El pasado 21 de noviembre, unas 800 personas se dieron cita en la plaza de la Coronación de la localidad, para mostrar su apoyo a estos imputados, lo que sirve, según indicó Muñoz, "para demostrar cómo sucedieron los acontecimientos y el respaldo del pueblo". En este sentido, el teniente de alcalde apuntó que les pedirán a estos vecinos "que acudan mañana a apoyar al juzgado".
En el acto participaron además "compañeros de otros grupos políticos, como el responsable provincial de Política Institucional de IULV-CA, Francisco Javier Camacho, el diputado del PP, Francisco Riquel, o el propio secretario provincial del PA, Francisco Ramos, así como se leyó un comunicado para mostrar la repulsa al juicio".
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Huelva advirtió en su día de que abriría expedientes sancionadores a las personas que fueron denunciadas por la Guardia Civil con motivo de la concentración, ya que "la participación en una manifestación ilegal implica consecuencias jurídicas y administrativas" y añadió que, además, "estaba prohibido cortar la autopista el domingo", en plena operación salida de vacaciones.
Fuente: Europa Press (2 de Diciembre, 2008)
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