El Servicio de Urgencias se estableció con cargo a las arcas municipales siendo alcalde Diego Pérez, del CDS · El Gobierno de coalición PA/PP movilizó a la población para que el Junta asumiera los costes
Desde la instauración de la democracia nunca en Huelva un pueblo se había revelado de forma tan unánime y cívica contra una administración pública. La razón: la discriminación que en materia sanitaria aseguran sufrir y la negativa de la Junta a acceder a las demandas ciudadanas de ofrecer un servicio de urgencias las 24 horas.
Los hechos de esta reivindicación se remontan a 2003 cuando las urnas rompieron la mayoría absoluta del PSOE en el Ayuntamiento. Los comicios dieron la victoria al PA que logró 5 concejales. Tras la coalición de andalucistas y populares uno de los retos marcados fue lograr que la Junta asumiera el servicio de Urgencias médicas que, a partir de las 20.00 horas, era prestado por dos facultativos contratados por la institución local. La medida fue puesta en marcha en los inicios de la democracia por el alcalde del CDS, Diego Pérez, y se mantuvo de forma ininterrumpida por todos y cada uno de los gobiernos que accedieron a la Alcaldía. Una financiación que recayó única y exclusivamente en las arcas municipales y llegaba a alcanzar los 119.238 euros anuales.
Para revertir esta situación PP y PA pretendían que el SAS asumiera esta prestación, lo que conllevaría una mejora del servicio gracias a que con ello se garantizaba la presencia de un ATS y un celador, amén de dejar de financiar la sanidad con cargo a los presupuestos municipales y que los usuarios tuvieran que costear de su bolsillo las recetas que se expidieran en horario nocturno. En enero de 2005 la maquinaria burocrática echa a andar con la creación una Comisión de Salud, integrada por los tres partidos con representación en la cámara local, sobre la que recaerá la negociación con la administración. En abril, se concierta una entrevista con el entonces delegado de Salud, José Ramón Pozuelo, al que se le entregó un informe de 100 páginas donde se enumeran las necesidades médicas del municipio y se constata el aumento de población que había experimentado Rociana con la inmigración, que se ve acrecentaba durante los meses álgidos de la campaña fresera. El encuentro parece quebrar la buena armonía que, al menos a efectos públicos, reinaba en la Comisión y días más tarde el portavoz del PSOE, Amaro Huelva, tachó al alcalde de "utilizar la misma para ensalzar su ego personal".
Paralelamente la Delegación de Salud rechazó las pretensiones rocianeras y dio por finiquitadas las negociaciones. En enero la Comisión convocó una reunión popular para anunciar los argumentos que justificaba la administración para desestimar las peticiones ciudadanas; a la vez que dan a conocer que 9 poblaciones se sumaban al servicio de Urgencias del mapa sanitario provincial. Lo más "fragrante es que muchos de ellos no cumplirían con los requisitos que se exigen a Rociana, entre ellos Nerva o Trigueros, ambos con menor población y servicios de urgencias a menos de 10 minutos. Para más inri el techo de población de los 10.000 habitantes, que pone como condición sine qua num la Consejera de Salud, María Jesús Montero, es superada ampliamente en los meses álgidos de la campaña fresera, periodo durante el cual el SAS también se niega a acceder a las pretensiones locales.
Es tras este rechazo cuando los rocianeros emprenden la estela de movilizaciones. La primera de ellas con una 'humilde' representación de 450 personas que se concentraron en la Gran Vía de la capital. A pesar de las discrepancias públicas de los socialistas con la Comisión, éstos respaldan con su presencia la marcha e, incluso, sus firmas se suman a la petición por las urgencias que son presentadas al Defensor del Pueblo Andaluz.
La demanda ciudadana sigue creciendo con nuevas medidas de protesta, la cuales se concretan el 3 de marzo con el corte de la A-484 a la altura de la bifurcación del vial que une Rociana con Bonares y Almonte. La movilización se erige en un éxito sin precedentes y en ella se concentran 1.200 vecinos. Por el contrario, la unidad de partidos se resquebraja y los socialistas locales deciden abandonar la Comisión de Sanidad, a la vez que critican las movilizaciones y apuestan "por un dialogo con la administración autonómica".
La presión popular hace que José Ramón Pozuelo salga al paso de las críticas y reitere que los requisitos para acceder a esta prestación se basan en que la población supere los 10.000 habitantes o que, en su defecto, el punto de Urgencias más próximo al municipio se ubique a más de 20 minutos. Requisitos que incumpliría Rociana al tener sólo 7.000 habitantes, 6.050 adultos y 949 niños, amén de disponer en Bonares de esta prestación sanitaria a partir de las 20.00 horas, cuando finaliza el servicio 'oficial' en Rociana.
Pero el punto de inflexión y la verdadera demostración de apoyo popular acontecerían el 13 de marzo con más de 3.000 personas tomando la A-49 y reclamando la dimisión de Pozuelo. El corte se produce en ambos sentidos y las retenciones son kilométricas.
Entre medias se constituye una Plataforma ciudadana Pro Urgencias, a la vez que el equipo de Gobierno acuerda protestar a las puertas de la Delegación Provincial de Salud de la Junta para denunciar la discriminación que sufre el pueblo. En ese mismo escenario el alcalde del PA, José Francisco Gómez, y su mano derecha, Wenceslao Muñoz, inician el 20 de marzo una huelga de hambre que tiene que ser abandonada días más tarde por los problemas de tensión que venía arrastrando el alcalde.
Los actos reivindicativos siguen su curso y el 18 de abril 400 personas se trasladan hasta la sede del Gobierno andaluz en Sevilla donde no lograron ser recibidos por los responsables públicos.
A partir de entonces una promesa de reunión pone a 'dormir' el calendario de movilizaciones. El tiempo corre y los responsables de la Junta se desdicen públicamente de tales compromisos por lo que el pueblo retoma las protestas. En esta ocasión la autopista vuelve a ponerse en el punto de mira, aunque existen ciertas dudas de llevar a cabo el corte debido a las amenazas de que los servicios de antidisturbios actuarán con contundencia. Este rumor evita que la presencia sea masiva, si bien, aun así, más de medio millar de ciudadanos deciden sumarse a la convocatoria. Con estas el 2 de julio de 2006 a la altura del cruce les espera un primer cordón de la Guardia Civil y respaldándoles los antidisturbios. La ingente presencia de mujeres, niños y mayores evita su actuación y, cuando un grupo de jóvenes alcanzan la autopista campo a través, la Guardia Civil disuelve el control. Serán estos hechos los detonantes del rosario judicial.
Desde la instauración de la democracia nunca en Huelva un pueblo se había revelado de forma tan unánime y cívica contra una administración pública. La razón: la discriminación que en materia sanitaria aseguran sufrir y la negativa de la Junta a acceder a las demandas ciudadanas de ofrecer un servicio de urgencias las 24 horas.
Los hechos de esta reivindicación se remontan a 2003 cuando las urnas rompieron la mayoría absoluta del PSOE en el Ayuntamiento. Los comicios dieron la victoria al PA que logró 5 concejales. Tras la coalición de andalucistas y populares uno de los retos marcados fue lograr que la Junta asumiera el servicio de Urgencias médicas que, a partir de las 20.00 horas, era prestado por dos facultativos contratados por la institución local. La medida fue puesta en marcha en los inicios de la democracia por el alcalde del CDS, Diego Pérez, y se mantuvo de forma ininterrumpida por todos y cada uno de los gobiernos que accedieron a la Alcaldía. Una financiación que recayó única y exclusivamente en las arcas municipales y llegaba a alcanzar los 119.238 euros anuales.
Para revertir esta situación PP y PA pretendían que el SAS asumiera esta prestación, lo que conllevaría una mejora del servicio gracias a que con ello se garantizaba la presencia de un ATS y un celador, amén de dejar de financiar la sanidad con cargo a los presupuestos municipales y que los usuarios tuvieran que costear de su bolsillo las recetas que se expidieran en horario nocturno. En enero de 2005 la maquinaria burocrática echa a andar con la creación una Comisión de Salud, integrada por los tres partidos con representación en la cámara local, sobre la que recaerá la negociación con la administración. En abril, se concierta una entrevista con el entonces delegado de Salud, José Ramón Pozuelo, al que se le entregó un informe de 100 páginas donde se enumeran las necesidades médicas del municipio y se constata el aumento de población que había experimentado Rociana con la inmigración, que se ve acrecentaba durante los meses álgidos de la campaña fresera. El encuentro parece quebrar la buena armonía que, al menos a efectos públicos, reinaba en la Comisión y días más tarde el portavoz del PSOE, Amaro Huelva, tachó al alcalde de "utilizar la misma para ensalzar su ego personal".Paralelamente la Delegación de Salud rechazó las pretensiones rocianeras y dio por finiquitadas las negociaciones. En enero la Comisión convocó una reunión popular para anunciar los argumentos que justificaba la administración para desestimar las peticiones ciudadanas; a la vez que dan a conocer que 9 poblaciones se sumaban al servicio de Urgencias del mapa sanitario provincial. Lo más "fragrante es que muchos de ellos no cumplirían con los requisitos que se exigen a Rociana, entre ellos Nerva o Trigueros, ambos con menor población y servicios de urgencias a menos de 10 minutos. Para más inri el techo de población de los 10.000 habitantes, que pone como condición sine qua num la Consejera de Salud, María Jesús Montero, es superada ampliamente en los meses álgidos de la campaña fresera, periodo durante el cual el SAS también se niega a acceder a las pretensiones locales.
Es tras este rechazo cuando los rocianeros emprenden la estela de movilizaciones. La primera de ellas con una 'humilde' representación de 450 personas que se concentraron en la Gran Vía de la capital. A pesar de las discrepancias públicas de los socialistas con la Comisión, éstos respaldan con su presencia la marcha e, incluso, sus firmas se suman a la petición por las urgencias que son presentadas al Defensor del Pueblo Andaluz.
La demanda ciudadana sigue creciendo con nuevas medidas de protesta, la cuales se concretan el 3 de marzo con el corte de la A-484 a la altura de la bifurcación del vial que une Rociana con Bonares y Almonte. La movilización se erige en un éxito sin precedentes y en ella se concentran 1.200 vecinos. Por el contrario, la unidad de partidos se resquebraja y los socialistas locales deciden abandonar la Comisión de Sanidad, a la vez que critican las movilizaciones y apuestan "por un dialogo con la administración autonómica".
La presión popular hace que José Ramón Pozuelo salga al paso de las críticas y reitere que los requisitos para acceder a esta prestación se basan en que la población supere los 10.000 habitantes o que, en su defecto, el punto de Urgencias más próximo al municipio se ubique a más de 20 minutos. Requisitos que incumpliría Rociana al tener sólo 7.000 habitantes, 6.050 adultos y 949 niños, amén de disponer en Bonares de esta prestación sanitaria a partir de las 20.00 horas, cuando finaliza el servicio 'oficial' en Rociana.
Pero el punto de inflexión y la verdadera demostración de apoyo popular acontecerían el 13 de marzo con más de 3.000 personas tomando la A-49 y reclamando la dimisión de Pozuelo. El corte se produce en ambos sentidos y las retenciones son kilométricas.
Entre medias se constituye una Plataforma ciudadana Pro Urgencias, a la vez que el equipo de Gobierno acuerda protestar a las puertas de la Delegación Provincial de Salud de la Junta para denunciar la discriminación que sufre el pueblo. En ese mismo escenario el alcalde del PA, José Francisco Gómez, y su mano derecha, Wenceslao Muñoz, inician el 20 de marzo una huelga de hambre que tiene que ser abandonada días más tarde por los problemas de tensión que venía arrastrando el alcalde.
Los actos reivindicativos siguen su curso y el 18 de abril 400 personas se trasladan hasta la sede del Gobierno andaluz en Sevilla donde no lograron ser recibidos por los responsables públicos.
A partir de entonces una promesa de reunión pone a 'dormir' el calendario de movilizaciones. El tiempo corre y los responsables de la Junta se desdicen públicamente de tales compromisos por lo que el pueblo retoma las protestas. En esta ocasión la autopista vuelve a ponerse en el punto de mira, aunque existen ciertas dudas de llevar a cabo el corte debido a las amenazas de que los servicios de antidisturbios actuarán con contundencia. Este rumor evita que la presencia sea masiva, si bien, aun así, más de medio millar de ciudadanos deciden sumarse a la convocatoria. Con estas el 2 de julio de 2006 a la altura del cruce les espera un primer cordón de la Guardia Civil y respaldándoles los antidisturbios. La ingente presencia de mujeres, niños y mayores evita su actuación y, cuando un grupo de jóvenes alcanzan la autopista campo a través, la Guardia Civil disuelve el control. Serán estos hechos los detonantes del rosario judicial.
Fuente: Huelva Información (9 de Diciembre, 2008)
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