En el juicio el Fiscal mantuvo las condenas y la Defensa solicitó la libre absolución
El alcalde del PA, Francisco Gómez, y la Plataforma señalaron en su día que el objetivo de la vía penal y administrativa tenía única y exclusivamente un fin: "amedrentar a la población" y frenar la batería de movilizaciones programadas. Cierto o no, a raíz de conocerse la instrucción de diligencias por parte de la Guardia Civil las movilizaciones multitudinarias quedaron reducidas a la nada. De hecho, la única que se realizó a posteriori fue la marcha a Sevilla, que partió el 13 de enero y fue secundada por 25 personas. Para evitar nuevas sanciones el camino se hizo por carreteras comarcales.
El subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, justificó la decisión de abrir expedientes sancionadores diciendo que "la participación en una manifestación ilegal trae consecuencias jurídicas y administrativas". Este recordó que pidió al alcalde un recorrido alternativo para la manifestación porque no se podía acceder en domingo por la tarde a la A-49 y que ante la falta de respuesta prohibió la protesta.
En julio se notificó la multa administrativa por cada una de las tres presuntas infracciones cometidas a los tres ediles en virtud de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ascendió a 18.000 euros para José Francisco Gómez, Wenceslao Muñoz y Antonio Luis Ligero, miembros del equipo de Gobierno. Sorprendentemente ninguno de los ediles populares, que respaldaron, secundaron y encabezaron la movilización, recibieron ningún tipo de apercibimiento. Por contra fueron sancionados 7 ciudadanos a los que se les exigió el pago de 6.000 euros. Estas multas quedan pendientes de los resultados de la vía penal.En la denuncia de la Guardia Civil consta que "se produjo una reacción violenta de los concentrados arremetiendo contra el cordón policial que impedía la salida de Rociana por la HV-6131, teniendo que emplear las manos para impedirlo". El informe también añade que "ante la imposibilidad de acceder a la autopista por la carretera, un grupo de 50 personas optó por hacerlo campo a través, rompiendo la valla perimetral de la A-49 por varios puntos y protagonizando enfrentamientos violentos de diversa intensidad. Un grupo logró acceder a la autopista, originando una situación de grave peligro tanto para los manifestantes como para los usuarios de la vía". Un duro atestado que provocó la apertura de diligencias penales. Este informe causo sorpresa, consternación e impotencia sobre todo porque se hablaba de reacciones violentas, cuando fueron siempre "los cauces pacíficos los que presidieron las manifestaciones y el acceso a la A-49 se realizó sin enfrentarse a los Cuerpos de Seguridad y sin que mediasen los antidisturbios".
El 5 de octubre de 2006 se tomó declaración a los imputados si bien el juicio penal no daría comienzo hasta el 2 de diciembre de 2008. Ese día más de 200 personas respaldaron a los acusados reconociendo que ellos también estuvieron en la autopista. Pero la jueza dio curso a las pruebas aportadas por el Fiscal, basadas en un video de la Guardia Civil y el testimonio de 4 agentes, uno de los cuales aseguró que se forzó la valla que delimita la zona rural de la autopista, aunque no reconoció a ninguno de los acusados como autores de esos hechos delictivos. El 4 de este mismo mes continuó la vista con los testigos de la Defensa, donde el letrado jugó sus cartas en que ninguna de las personas encausadas tuvo un papel preponderante el día de los hechos. Paralelamente criticó que se juzgue en bloque a 10 personas, lo que sesga la posibilidad de juzgar de forma individualizada el papel que jugaron el 2 de julio. Ramiro de Guinea terminó su alegato considerando que los hechos no podían ser constitutivos de sanciones penales como reclamó la Fiscal, quien mantuvo la petición de 22 meses de prisión para los encausados: 12 por desordenes públicos y 10 por desobediencia a los agentes. Guinea también adjunto a la jueza 2.600 firmas de apoyo, así como una declaración institucional del Pleno municipal que contó con el respaldo de todos los grupos políticos donde se pedía la libre absolución.
Los letrados de la Plataforma presentó alegatos más 'populares' y basados en interrogantes muy "claros" como "por qué en la manifestación del 3 de marzo, a la cual acudieron más de 3.000 personas y cuando se cortó la A-49 en ambos sentidos, a pesar de no estar autorizado el corte, la Subdelegación no abrió diligencias". Igualmente cuestionó los criterios que se han seguido para 'elegir' a las personas procesadas o las razones de Bago para justificar que otros cortes de la A-49 por parte de otros colectivos queden sin sanción.
Fuente: Huelva Información (9 de Diciembre, 2008)
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