El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana no se ha constituido aún y ya ha suscitado polémica por la falta de operatividad que tendrá este órgano de decisiones si es que la Junta de Andalucía no pone en práctica toda la voluntad política necesaria para que funcione. Esto es lo que opinan varios de sus miembros antes de haber llegado a la sala de reuniones, algo que se espera que ocurra el próximo 5 de julio, día que tendrá lugar su constitución después de que la fecha se haya retrasado en varias ocasiones.
La polémica viene a cuento de que en cada reunión del Consejo se sentarán alrededor de la mesa 62 personas, "esto supone que si cada uno tiene un mínimo de intervención de diez minutos, las sesiones pueden durar más de diez horas", explica uno de los portavoces de la organización conservacionista WWF/Adena, Juanjo Carmona.
Algo parecido opina el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Antonio García. Municipio que ha estado en contacto con los otros 14 que también forman parte del Consejo y que llegarán a la reunión de constitución con una propuesta para procurar operatividad al funcionamiento de este órgano. Antonio García explicó que su iniciativa apuesta por organizar grupos de trabajo que puedan analizar propuestas y los problemas que tras su estudio se llevarán al Consejo. Añade que los acuerdos que se eleven deben tener carácter vinculante pues de lo contrario perderían efecto las reuniones de dichos grupos de trabajo.
Algo similar propone también Juanjo Carmona, quien pone como ejemplo lo que está sucediendo en el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana que cuenta con un aforo de casi 300 representantes, que se han repartido en grupos de trabajo. Para el representante almonteño, su propuesta tiene un doble objetivo, por una parte, asegura que busca que "este órgano funcione por consenso para que al final salgamos todos beneficiados" y, por otra parte, subraya que la "participación de los agentes sociales y económicos del entorno es fundamental" para que las medidas que se adopten tengan la efectividad que realmente persiguen.
La designación de los 62 representantes que se sentarán en el Consejo ha dado a la organización algún que otro quebradero de cabeza. Y ha obligado, al menos, en una ocasión a atrasar la constitución del Consejo al incumplirse la ley de paridad. Aunque finalmente parece haberse solucionado esta cuestión organizativa. Ello no ha evitado las críticas de algunas organizaciones como los grupos conservacionistas que reclaman a la Junta de Andalucía que se aplique el cuento, pues ha nombrado en los últimos meses al director, al gerente, al responsable del área de Conservación y la presidente del Consejo y "todos ellos son hombres". A estas críticas respondía recientemente la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, asegurando que "todos los máximos responsables del Espacio Natural de Doñana son mujeres": la consejera, la directora general de la Renpa y las tres delegadas provinciales de Medio Ambiente.
De los 62 miembros del Consejo, casi una sexta parte se la reserva el Gobierno Central, a pesar de haber cedido las competencias a la Junta, pues nombrará una decena de representantes. La Junta, por su parte, sentará en el Consejo a 7 representantes de distintas consejerías, aunque está directamente relacionada con la designación de otros 7 más (presidente, cargo que ocupará el científico Ginés Morata; vicepresidente, Juan Carlos Rubio; director del Equipo de Gestión, Juan José Chans; director de la Estación Biológica, Francisco Quiros, y los tres delegados provinciales de Medio Ambiente). También forman parte de las administraciones públicas los tres miembros de las diputaciones de Sevilla, Huelva y Cádiz y los 14 que representarán a los ayuntamientos del entorno (Almonte, Moguer, Hinojos, Lucena del Puerto, Bonares, Bollullos, Palos y Rociana de Huelva; Pilas, Isla Mayor, Aznalcázar, Puebla del Río y Villamanrique de Sevilla; y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz). Además del representante de la Fundación Doñana 21.
El ámbito de la investigación y la ciencia están cubierto por los dos representantes de las universidades andaluzas, que designarán la de Huelva y Sevilla; y dos personas de reconocido prestigio del ámbito científico-técnico. Se habla de científicos que tienen un pasado fuertemente vinculado con el Parque.
Los 16 miembros restantes forman parte de los agentes sociales, económicos y medioambientales relacionados con la reserva natural. Así los sindicatos, UGT y CC OO, cuentan cada uno de ellos con un representante; otros dos nombrarán las organizaciones empresariales (la CEA ha decidido que sea uno de Sevilla y otro de Huelva); y tres por parte de organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Coag y UPA).
Los colectivos que tradicionalmente forman parte de la reserva natural tienen tres representantes, dos de ellos por parte de los propietarios (la Federación de Arroceros y WWF/Adena) y uno de los colectivos que son titulares de los aprovechamientos del parque. La designación de estos tres representantes ha sido especialmente conflictiva por la diversidad de propietarios y de actividades que existen en el interior del parque desde piñoneros, apicultores, mariscadores, agricultores...
Finalmente, los consumidores del entorno también contarán con un representante en el Consejo, así como la Hermandad Matriz de Almonte y la Federación Andaluza de Caza.
Fuente: Huelva Información (2 de Julio, 2007)
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